Sublevación policial: la crónica de lo que ocurrió en Resistencia

El equipo del Ministerio Público Fiscal, conformado por Patricio Sabadini, Carlos Amad, Federico Carniel y Carlos Sansserri, presentó este martes un voluminoso requerimiento de instrucción judicial ante el Juzgado Federal de Resistencia en donde pidió imputar a un centenar de personas por los delitos de sedición e incitación a la violencia, en medio de la brutal protesta policial que dejó a la provincia a merced de saqueos en los primeros días de diciembre del año pasado.

Entre otras cuestiones, en el escrito se detalla paso a paso lo que ocurrió en la capital del Chaco hasta que finalizó el conflicto y el distinto nivel de responsabilidades que le cupo a cada funcionario policial. El documento es particularmente interesante para ver qué ocurría en las dependencias policiales mientras que en las calles se producían saqueos e intentos de robo en banda por doquier.

Aquí, CHACO DIA POR DIA, publica el detalle de lo que ocurría durante aquellos turbulentos días.

3 de diciembre de 2012. En el marco de los saqueos y protestas policiales que se estaban perpetrando en otras provincias, la Policía del Chaco ya tenía datos de la posibilidad de producirse hechos de pillaje en esta zona del país, los cuales fueron recabados a través de las redes sociales. Las fechas marcadas eran el 23 y 31 de diciembre.

5 y 6 de diciembre.  Ante esta posibilidad, el Jefe de la Policía,  libró el día 5 un radiograma. Al día siguiente, después del mediodía, apareció una nueva publicación de un tal "Carlos Policía" en la red social Facebook, quien abiertamente invitó a los funcionarios policiales a luchar por una mejora salarial, siguiendo el ejemplo de las otras jurisdicciones del país. Por la tarde, comenzaron a circular mensajes de texto -enviados a través de Internet- en los cuales se azuzaba a los uniformados para que se sumen a una eventual sublevación. "Vamos a protestar nosotros también" y "vamos a conseguir un mejor sueldo", eran algunos.

Inmediatamente después se libró una orden de operaciones para que cada uno de los jefes de las distintas unidades se interioricen y estén preparados para acudir a posibles saqueos.

7 y 8 de diciembre. Los SMS que incitaban a la sublevación policial siguieron circulando. La consigna era organizar la protesta el 20, 23 o 31 de diciembre. Tan es así que hasta ese momento no había una referencia clara de la fecha de inicio de la huelga sino que sólo se hacía un indicativo señalando días cercanos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El 8 de diciembre, la situación era distinta. A través de la radio oficial de la Policía se hablaba de manera abierta del inicio de una protesta. Las máximas autoridades policiales, tanto de Resistencia como del interior provincial comenzaron una tarea de relevamiento del personal ante la posibilidad de que algunos uniformados en servicio abandonen sus funciones.

Cerca del mediodía, empezaron a surgir otros SMS que indicaban que se plegarían a una protesta personal de las comisarias Quinta y Séptima. El intercambio de mensajes se producían entre efectivos policiales de Resistencia con personal penitenciario de Sáenz Peña.

A las 15, le informaron al Subjefe de Policía,  sobre "movimientos extraños" de los patrulleros de la Quinta y Séptima, en cercanías a la avenida Chaco y Soberanía.

Inmediatamente después vía radio oficial, el suboficial Jorge Duarte emitió un mensaje señalando que todo el personal policial se encontraba en la comisaría Quinta y que de allí no saldría. Esta situación se produjo a pesar del pedido efectuado por su superior comisario Fabián Sissul, Jefe de la comisaría Quinta. "No es nada contra usted, pero no le vamos a hacer caso a su orden", le habría respondido Duarte.

Junto con personal policial, patrulleros de la comisaría Séptima, Quinta y otras dependencias se dirigieron a la comisaría Primera y junto a los funcionarios que lo acompañaban y patrulleros, bloquearon la salida del lugar asignado a la Policía Caminera.

Los agentes que estaban a bordo de los patrulleros que obstruían el paso no respondían a los llamados de la superioridad dirigidos por radio. En ese momento llegó hasta el lugar el Jefe de la Policía y solicitó a los manifestantes que depusieran su actitud. Como vocero de los sublevados, Duarte respondió que no. Ante esto, se pidió que por lo menos no obstruyan las salidas de la comisaría Primera y que entregue las llaves de los patrulleros. Duarte volvió a responder en forma negativa. Esto último a pesar de haber manifestado que el reclamo era netamente salarial. Pasadas las 16,30, y en simultáneo a la protesta, unos 80 familiares de los policías en huelga cortaron ambas esquinas de la calle de la comisaría.

En medio de este clima enrarecido, se ordenó al Director de Zona Metropolitana, que disponga de personal de Jefatura, Investigaciones y Caminera, para suplir las faltantes, dado que con el correr de los minutos eran más los funcionarios policiales que se iban plegando a la protesta. Luego de lo sucedido, la cúpula policial se reunió con funcionarios provinciales en Casa de Gobierno a la espera de una respuesta a los reclamos que efectuaban.

A las 21, se dejó en claro que era imposible otorgar un aumento de 8000 pesos para el básico de un agente. Media hora después, llegaron hasta la Comisaría Primera -foco de la protesta- una comisión integrada por el Jefe de Policía; el Sub Jefe; el Secretario de Seguridad, y toros funcionarios.

En el lugar se habían concentrado unas quinientas personas, entre manifestantes policiales, dirigentes sociales y otras personas que generaban un clima de tensión. Además de Duarte, la otra vocera era la Sargento Primero., Karina Chas.

Durante la reunión, los sublevados solicitaron viviendas, mejoras salariales y que no se apliquen sanciones por la medida que estaban realizando. La comisión aconsejó redactar un petitorio, el que fue presentado a las 23 al capellán José Flores, quien a su vez se lo entrego al gobernador. Permanecieron en ese lugar hasta la mañana siguiente.

9 de diciembre. Ese día, el grupo de huelguistas iniciaron una caravana desde la comisaría primera, hasta la jefatura, pasando en su recorrido por la comisaría segunda. En su trayecto causaron daños de todo tipo e increparon al Jefe y otros funcionarios de dicha comisaría. Estos hechos que tuvieron lugar por un lapso de 20 o 30 minutos. Luego abandonaron la comisaría Segunda y continuaron su recorrido hasta la Jefatura, lugar al que arribaron a las 9. Al edificio ingresaron unas 500 personas entre uniformados y personas de civil.

En ese momento, quien se encontraba a cargo dado que el Jefe de Policía estaba en Casa de Gobierno, ordenó que se cerraran las oficinas, como también que el personal de Jefatura permanezca en los pasillos. Los manifestantes ingresaron por una cochera, produciendo también distintas roturas, luego salieron nuevamente a la calle.

Se dialogó con Duarte y Chas, ambos voceros policiales, a quienes le comentó que Peña estaba en Casa de Gobierno, intentando encontrar una solución al conflicto. Además, les pidió que entreguen los patrulleros, con la intención de contar con una guardia mínima. Ambos se negaron.

El Jefe a cargo volvió a pedir colaboración a los voceros y les solicitó que entreguen las armas largas y los chalecos. Chas y Duarte respondieron que no los tenían, aunque la información recibida de las comisarías daban cuenta que quienes se plegaron a la protesta contaban con el equipamiento.

Esta situación generó que los pocos policías que habían en las calles de Resistencia no tuvieran el equipamiento ni los vehículos necesarios para intentar enfrentar los saqueos que se viralizaban en distintos supermercados de la ciudad.  Para ese entonces, la capital del Chaco vivía un clima de psicosis y violencia, pocas veces visto. Supermercados cerrados, gente encerrada en sus casas y robos en banda por doquier.

Durante la noche, mientras se originaban saqueos, parte de los policías que se encontraba protestando fuera de la jefatura tomaban bebidas alcohólicas, mientras insultaban al resto del personal en servicio.

A las 21, funcionarios del gobierno llegaron a la Jefatura. La comitiva se reunió con los voceros Duarte y Chas. Más tarde se presentó el por ese entonces ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.

La muerte del joven Ricardo Romero, en un intento de saqueo a un supermercado, y la herida de bala que sufrió el subcomisario, Cristian Vera -quien murió varias horas después-, precipitó el acuerdo. Con esto, la protesta terminó. El servicio de seguridad comenzó a normalizarse y el personal que se encontraba protestando retomó sus funciones.

El daño ya estaba hecho.

Publicado en CHACO DIA POR DIA el 5 de febrero de 2014

Un Caballero con poca memoria

Al parecer, el recientemente designado subsecretario de Asuntos Policiales del Chaco, Jorge Edmundo Caballero, tiene memoria selectiva. O al menos eso demostró al momento de declarar en calidad de testigo en el juicio por la denominada “causa Caballero”, en el cual se ventilaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En su declaración dijo que los presos políticos de la alcaidía de Resistencia estaban “en buen estado”, aseguró no haber visto torturas, sostuvo que sólo conoció la picana eléctrica “por comentarios” y destacó que los detenidos “comían bien”. Cuando le preguntaron si recordaba qué ocurrió en el país el 24 de marzo de 1976, de manera insólita respondió: “No me acuerdo”.

Jorge Edmundo Caballero, flamante subsecretario de Asuntos Policiales del Chaco

Caballero es un comisario retirado de la policía chaqueña que el 6 de enero de este año volvió a la actividad de la mano del gobernador en ejercicio, Juan Carlos Bacileff Ivanoff. A partir de esa fecha se convirtió en el nuevo subsecretario de Asuntos Policiales. Tras asumir, se mostró optimista. Prometió “trabajar muchos” para tener “resultados rápidos” en materia de Seguridad.

Tres años antes, el 5 de octubre de 2010, el mismo Caballero se acomodaba en su silla frente a los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Era la 33º jornada del juicio oral en la denominada “causa Caballero” (en referencia al represor Humberto Lucio Caballero), en la cual se ventilaban los tormentos y torturas infligidas contra detenidos por razones políticas antes y durante la última dictadura en el Chaco.

El ahora flamante funcionario fue convocado como testigo por la defensa de los genocidas. Al comenzar su relato, recordó haber iniciado su carrera policial en 1975, para un año después pasar “6 o 7 meses”, destinado a las guardias de la alcaidía de Resistencia. El resto del tiempo lo pasó en administración “en economato”, según precisó.

De acuerdo a la crónica que realizó en ese momento el periodista Marcos Salomón, Caballero no aparentaba los 55 años que declaró tener. Fue muy conveniente a la defensa, que se turnaba para preguntar: Juan Manuel Costilla (defensor oficial), José Oscar Gómez y Ricardo Osuna, principalmente, y también trató de mostrarse como alguien piadoso, presentándose como “católico carismático” y por haber ayudado a presos políticos.

El funcionario declarando como testigo en la "causa Caballero".  

No vio tortura en la Alcaidía: “Conozco la picana por comentarios”, dijo. Aseguró que los presos políticos se encontraban en “buen estado” de salud y físico.

Y se despegó de cualquier contacto con los reclusos: “Yo cuidaba el perímetro externo, no tenía contacto con los presos políticos”. Los suboficiales, que reportaban directamente al jefe de la Alcaidía -Núñez- eran los encargados de vigilar a los presos políticos.

Lo mejor vino cuando contó su trabajo administrativo, en particular como encargado de racionar la comida: “Había pescado de mar y los fines de semana asado. Yo mismo probé por primer vez la merluza”, aseguró Caballero.

Para mostrar su buen trato hacia los presos políticos, el testigo afirmó que facilitó el encuentro de Carlos Aguirre y Pilín Rodríguez con familiares, acto por lo que recibió una recriminación verbal y pasó a realizar trabajos administrativos.

Recordó sus días en la Alcaidía como pocos felices, sobre todo porque “no estaba preparado para esa tarea. Yo me entrené para ser policía”, justificó.

Para tratar de ubicar al testigo en qué meses de 1976 estuvo en la Alcaidía, el presidente del Tribunal Oral Federal, Víctor Antonio Alonso, le preguntó si recordaba qué sucedió el 24 de marzo de 1976: “No me acuerdo… Lo de Margarita Belén…”.

Si bien Caballero admitió que el régimen carcelario de los presos políticos era más estricto, declaró que “estaban en celdas individuales”, que en algunos calabozos de castigo “se guardaban cosas porque no se usaban”, que la comida y era buena y que “había un trato igualitario” entre la población carcelaria.

Sobre ese punto, Alonso lo indagó a fondo, con cara de pocos amigos, llevando al testigo a una zona peligrosa. Otro traspié de Caballero fue cuando el querellante Mario Bosch le preguntó sobre las condiciones carcelarias. Lo llevó a recordar someramente la cantidad de presos políticos en la Alcaidía: entre 50 y 60, con 18 celdas. “Sí, había un poco de hacinamiento”, terminó reconociendo.

Aunque la Constitución lo prohíbe, habilitan a ejercer cargos públicos a policías condenados por apremios ilegales

Al menos seis policías de la Provincia del Chaco que fueron condenados por apremios ilegales fueron rehabilitados por el Gobierno para ejercer cargos públicos. Esta decisión es contraria a lo que postula la Constitución Provincial la cual establece de manera taxativa que quienes son condenados por estos delitos quedarán inhabilitados de por vida para la función pública.

El artículo 27 de la Constitución de la Provincia del Chaco, establece que los funcionarios autores, partícipes, cómplices o encubridores de torturas, vejámenes, tratos crueles, degradantes o inhumanos serán sumariados y exonerados del servicio al cual pertenezcan y “quedarán de por vida inhabilitados para la función pública”.

Sin embargo, en los últimos seis años al menos seis policías chaqueños fueron rehabilitados para ejercer cargos públicos, vía decreto, a pesar de haber sido condenados por la Justicia por violaciones a los derechos humanos.

Con esto, podrían volver a trabajar como empleado en el Estado, postularse para algún cargo electivo o hasta volver a la Policía. De todos modos, en cada uno de los decretos, se aclara que esta rehabilitación no implica que vuelvan a sus puestos en la Fuerza. Aunque tampoco lo prohíbe expresamente.

Según datos aportados por fuentes judiciales, el primer caso detectado surge del decreto 916/08, dictado el 11 de marzo de 2008. En el mismo se rehabilitó para ejercer cargos públicos, a los policías César Esteban Rodas, D.N.I. Nº 22.592.486 y Gustavo Fabián Núñez, D.N.I. Nº 23.512.446. Ambos habían sido cesanteados mediante el decreto 2210/06 porque por sentencia del Juzgado Correccional de la Ciudad de San Martín, dictada el 13 de mayo de 2004, se los condenó como “autores responsables del delito de apremios ilegales” en el expediente. 147/03 “Rodas Cesar Esteban, Núñez Gustavo Fabian s/Apremios Ilegales”.

El siguiente es el que establece el decreto 2746/08 dictado el 18 de julio de 2008. Aquí se rehabilitó para ejercer cargos públicos al uniformado Ramón Ignacio Valdez (L.E. Nº 8.439.775-M). Valdez fue cesanteado de la Policía del Chaco mediante decreto 926/97 luego de haber sido condenando el 25 de marzo de 1996 por la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela en la causa caratulada “Valdez Ramón y otros s/Apremios Ilegales y lesiones graves en concurso ideal”.

El tercer caso se dio a través del decreto 946/09, dictado el 19 de mayo de 2009. Acá se otorgó la rehabilitación para ejercer cargos públicos al policía Oscar Guillermo Vega, D.N.I. N° 22.687.027. Pero resulta que Vega también había sido cesanteado por ser condenado por la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela, en los autos caratulados “Valdez Ramón y otros s/Apremios Ilegales y lesiones graves en concurso ideal”.

También, el decreto 705/09, dictado el 21 de abril de 2009, rehabilitó para ejercer cargos públicos al policía Javier Indalecio Fernández, D.N.I. Nº 24.787.639. Pero resulta que Fernández fue cesanteado de las filas policiales mediante decreto Nº 2.422/07, luego de haber sido condenado por el Juzgado Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, en los autos caratulados: "Fernández Javier Indalecio-Vega Oscar Guillermo-Meza Rubén Pablo (principal) s/Apremios Ilegales", expediente N° 423/03, por Sentencia N° 98 de fecha 07/09/04.

En tanto, el decreto 2352/09, dictado el 9 de noviembre de 2009, otorgó la rehabilitación para ejercer Cargos Públicos a Luís Roberto Palavecino, D.N.I. N° 21.176.999. Sin embargo, Palavecino fue cesanteado en su calidad de empleado policial mediante decreto Nº 1468/06 del 26 de febrero de 2006, tras ser condenado por la Cámara Criminal N° 1 de la Ciudad de Resistencia, por Sentencia N° 121/05 por el delito de “apremios ilegales”.

El sexto en cuestión es el que refiere el Decreto 2347/10 dictado el 26 de noviembre de 2010. A través de este instrumento se otorgó la rehabilitación para ejercer cargos públicos al policía Carlos Dionisio Valentín Pare, D.N.I. N° 21.837.053. Sin embargo, este uniformado fue cesanteado del servicio policial mediante Decreto N° 926/97 en la misma causa judicial que Valdez. La Cámara en lo Criminal de Villa Ángela lo condenó en la sentencia N° 12/96, en los autos caratulados “Valdez Ramón y otros s/Apremios Ilegales y lesiones graves en concurso ideal”.

¿Qué es la inhabilitación?

La inhabilitación para ejercer cargos en el sector público es una pena accesoria que se aplica a un condenado por torturas, vejámenes, apremios ilegales y todo otro delito que viole los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Esto le impide, por ejemplo, el ejercicio en el empleo público y postularse a cargos electivos, entre otros. Judicialmente está regulado en el artículo 19 y 20 del Código Penal.

Si bien la rehabilitación está prevista en el artículo 20 del Código Penal para cuando termine la condena y en el ámbito interno de la Policía la rehabilitación está contenida en el artículo 152 del viejo reglamento disciplinario policial Decreto 463/58 (derogado por decreto 706/13), se debe tener en cuenta que el empleo público en el Chaco se regula por la Constitución Provincial y las leyes provinciales, las cuales están por encima de cualquier ley nacional por ser una cuestión no delegada a la Nación.

El caso Greco

A esto cabe añadir la responsabilidad internacional del Estado chaqueño ya que el 22 de octubre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso Juan Ángel Greco vs. Argentina, (Caso 11.804). De conformidad con el acuerdo amistoso, el Estado (Argentino y por ende la instancia provincial además) se comprometió entre otras cuestiones a "continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los Derechos Humanos" así como acentuar los mecanismos administrativos de control, investigación y sanción de los empleados policiales "direccionándolo hacia una más efectiva protección de los derechos humanos, por parte de la Policía de la Provincia".

"¿Quiere que le hable sobre el Pentotal? Le puedo hablar de eso"

El médico policial, Héctor Grillo, fue un símbolo de la pata civil de la dictadura en el Chaco. Fue detenido en diciembre de 2011, acusado de utilizar sus conocimientos médicos para alargar la agonía de los detenidos políticos en la mesa de tortura y así poder sacarles más información.  

Murió el 30 de diciembre de 2013.    

Héctor Grillo, en 1983.

Dos años antes de su muerte y un día después que lo detuvieran por participar de sesiones de tortura durante la represión ilegal en el Chaco, el médico policial, Héctor Grillo permanecía sentado en una oficina del Juzgado Federal de Resistencia. Lo indagaban el ex conjuez, Juan Piñero y los fiscales, Patricio Sabadini y Diego Vigay. Su declaración pendulaba entre el cinismo y la negación. Se podría resumir así: él no fue, no supo, no estuvo.

- En su función como médico ¿atendió a personas torturadas?- le preguntaron a Grillo aquella mañana de diciembre de 2011.

- Muchas personas se hacen las víctimas. Yo no conozco a esta persona que me denuncia ni tampoco ella a mí. Grillo era el más conocido, el más trascendente. Como esto aparece muchos años después, no le acusaría a un muerto. Concretamente me meten preso por algo que no era yo, la descripción de esta señora es bien clarita.   

- ¿Tuvo conocimiento que hubo personas que fueron torturadas a metros de Casa de Gobierno?

- Me niego a contestar eso.

- ¿Sabe qué efecto produciría una inyección de Pentotal en caso de ser colocada en la columna?

- No tengo idea el efecto que produciría al poner en la columna. ¿Quiere que le hable sobre Pentotal?. Le puedo hablar de Pentotal. En principio es un hazmerreír que yo vaya a un galpón sin luz a poner el Pentotal. No se pone en la columna. No existe en la bibliografía médica, no hay medicación que se haga en la espalda. Antes se hablaba de una vacuna que se ponía a la gente que entraba al Ejército. El Pentotal se hace solo de manera intravenosa.

Al terminar la indagatoria, se quejó por la celda en la que estaba preso. Dijo que no podía estar ahí. El colchón en el piso le hacía doler la columna. 

***

Desde el Informe Final que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó ante la sociedad en 1985 donde se revelaron las atrocidades que perpetró la dictadura, el nombre de Grillo se repitió una y otra vez en los testimonios de ex detenidos políticos que sufrieron los peores vejámenes y torturas físicas y psicológicas.

Sin embargo, recién en los últimos años la Justicia federal dio pasos concretos en cuanto a la posibilidad de sentar en el banquillo al ex médico policial. Uno de los primeros se dio en diciembre de 2009, cuando el por ese entonces fiscal ad hoc, Roberto Mena, presentó un requerimiento de instrucción ante Piñero pidiendo que se impute a Grillo y a una treintena de represores el delito de asociación ilícita, una figura penal que dejaba asentado que en la provincia hubo una organización delictiva, que se dedicaba a torturar, matar y secuestrar. Todo, bajo el amparo del Estado.

En su presentación, Mena puntualizó que Grillo tenía la función dentro de la asociación ilícita de participar en actos de tormentos poniendo a disposición de los autores de las torturas su conocimiento médico a fin de supervisar el sufrimiento de la víctima.

El requerimiento expresaba que Grillo también cometía delitos por omisión al no comunicar al Poder Judicial el estado de deterioro de las víctimas que en reiteradas ocasiones le revelaban las marcas de torturas y vejámenes que padecían, así como las condiciones lamentables de encierro. "Resultando su obligación denunciarlas por ser funcionario público con conocimientos específicos", señaló el exfiscal.

A ese requerimiento, le siguió un segundo. Fue el que presentó en abril de 2010 el por ese entonces fiscal Federal, Gustavo Corregido. El mismo solicitaba que se impute a Grillo y a una veintena de represores por los delitos de apremios ilegales, violación calificada y privación ilegítima de la libertad.

En el requerimiento, se detalla el infierno que tuvo que atravesar una detenida política (que para evitar su revictimización aquí se omite su nombre). El escrito recuerda que la mujer fue apresada en Resistencia junto a su hijo. El operativo estuvo a cargo de personal de civil perteneciente a la Brigada de Investigaciones. Luego de tres días de tormentos y torturas la trasladaron a un galpón ubicado cerca del río, probablemente Barranqueras, por el tiempo de viaje y el olor de la costa.

Según relató, entre golpes e interrogatorios, el médico Grillo le colocó Pentotal en la espalda. Cabe recordar que el Pentotal (Tiopentato de sodio) es una droga que tiene un efecto sedante que desconcierta a la víctima y que los militares lo utilizaban como "suero de la verdad". Sin embargo, el uso más conocido de esta droga durante la dictadura fue para sedar a los detenidos políticos que posteriormente eran arrojados vivos al mar desde aviones.

Además, mientras los represores Gabino Manader y José Cardozo (fallecido impune) la interrogaban, Grillo controlaba el pulso y el ritmo cardíaco de la detenida. Posteriormente y por la acción del sedante y la tortura, la víctima perdió el conocimiento y reacciona tiempo después en una sala de la Brigada de Investigaciones. Allí, permanece junto a unos 30 detenidos que son torturados permanentemente y por efectos del Pentotal queda 40 días con la pierna derecha paralizada.

Grillo pertenecía al grupo Grupo de Artillería 7 y era miembro del cuerpo profesional del escalafón sanidad de la policía de la provincia en dependencia de los cuarteles de La Liguria. Uno de los hitos en su carrera, fue la firma de las actas de defunción de algunos de los fusilados en Margarita Belén, como Manuel Parodi, Patricio Tierno y Carlos Duarte.

Ya en democracia, devino en próspero empresario. Su chalet ubicado en la calle Salta al 500 y el sanatorio Galeno, de Necochea al 200, que es de su propiedad, así lo demuestran. También se dedicaba al golf, donde llegó a tener cargos directivos dentro de la asociación que nuclea a los golfistas chaqueños.

Una de sus últimas apariciones públicas fue el 4 de junio de 2010 en una nota publicada en el portal Diario Chaco. Bajo el título: "Médicos de la región crearon la Unión Gremial de Sanatorios del Nordeste", Grillo aparece en el centro de una foto, sentado, con sus 67 años encima, rodeado de distintos dueños de clínicas chaqueñas.

***

En agosto de 2010, y mientras se sustanciaba el juicio por la Causa Caballero 1, Grillo se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia con la idea de prestar declaración testimonial. La intención del médico se frustró luego de que el abogado querellante, Mario Bosch y el Fiscal General, Germán Wiens Pintos recordaran que estaba imposibilitado de hacer tal declaración debido a que era uno de los requeridos en la causa Caballero Residual.

Donde sí lo dejaron declarar fue en el  juicio por la Masacre de Margarita Belén. Fue el 16 de septiembre del año pasado. Esa mañana ingresó a la sala rengueando. Se lo vio bastante demacrado, pero en ningún momento demostró nerviosismo.

Como era de esperarse, durante toda su declaración se ciñó a la historia oficial; "Fui convocado para certificar el deceso de unos fallecidos que estaban en el regimiento un lunes a última hora de mi guardia ( 13 o 14 horas aproximadamente)". Llegó en un patrullero, no recuerda si acompañado o sólo, tampoco la autoridad que lo convocó.

Contó que vio 6 o 7 cuerpos en el suelo, estaban vestidos, medianamente limpios, no tenían lesiones pero si múltiples heridas de bala en abdomen y tórax. Todos eran nn. Había una mujer. No había cadáveres con balazos en la cabeza. Después de constatar todo esto, en Sanidad hizo los certificados de defunción. Como la causa de muerte "era evidente" no hizo autopsia.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de notar un fémur quebrado sin autopsia respondió que en caso de producirse un desvío la fractura es evidente, pero que también pude pasar desaperciba. La pregunta hace referencia a Carlos Zamudio, asesinado en la Masacre. Zamudio tenía una fractura perimortem en el fémur izquierdo.

- ¿Usted sabía que es obligatorio hacer autopsias en caso de muerte violenta?"preguntó el querellante Mario Bosch.

-No - respondió Grillo, autor de un libro sobre medicina legal, y con una dilatada trayectoria como perito.

Resistencia duele

Escribo desde el dolor. 

Es lunes 9 de diciembre. Son las 21. Hay saqueos en toda Resistencia. Se escuchan tiros. Y ya se habla de muertos.

Los comercios del microcentro están tapiados como nunca. Los hiper y supermercados están custodiados por los pocos policías que están trabajando. Los apoyan algunos oficiales de Gendarmería y Policía Federal. Hay comerciantes armados en sus locales. La imagen es espectral. 

Los demás, los sublevados, están acuartelados en la Jefatura de Policía en una protesta inédita y brutal para esta provincia. Piden pasar de un básico de 1800 pesos a uno  de 12 mil a partir del 1 de enero de 2014. Piden que sus parientes tengan prioridad para ingresar a la fuerza. Piden viviendas, chalecos, armas. Y no ser sancionados por esto que están haciendo que es lisa y llanamente liberar la ciudad a la delincuencia. Sus principales voceros son Carina Chas y Ruben Duarte.

Se respira un aire espeso. De paranoia y furia. El mercadito de mi barrio, que tiene sus puertas abiertas hasta las 23, hoy estuvo todo el día con las rejas bajas tratando de pasar la mercadería entre los barrotes. Dos cuadras más allá, en diagonal al polideportivo Jaime Zapata, un grupo de muchachos, todos en cuero, juegan a tirar cohetes. Tienen entre 20 y 30 años, la mayoría.  Se da una discusión con un remisero que parece que recibió un cohetazo. Pero creo que sospecha que es otro grupo que quiere saquear el mercadito que está a 20 metros. El ambiente está así. Se agarran a las piñas con otros remiseros. Terminan a los cascotazos. Hay gritos. El grupo se dispersa.

El gobierno no habla. O habla muy poco. Durante este lunes, desde la prensa oficial no se emitió un solo comunicado sobre el tema. Ni uno. Hay órdenes de no hablar. Sólo salió en algunas radios el ministro de Gobierno, Marcos Verbeek, diciendo que no había saqueos, cuando ya se habían registrado al menos dos. También anticipó que sancionará a los sublevados. Poco más.

El vicegobernador a cargo de la gobernación, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, reconocido por ser un tipo duro, de derecha, no apareció. No dijo absolutamente nada. Su silencio se transformó en un vacío angustiante. La negociación directa con los policías la lleva adelante el secretario de Seguridad, Marcelo Churín, el Jefe de Policía, Gustavo Peña y el diputado nacional, Juan Manuel Pedrini. El rumor es que se acordó 8.000 pesos en mano y la promesa de que no habrá represalias.

¿Cómo llegamos hasta acá? El efecto contagio en todo el país de la protesta policial en Córdoba y los saqueos que allí se produjeron no son la única explicación. En la provincia, como en la mayoría de jurisdicciones del país, la cana cobra poco y mal. Hay que mejorarles el sueldo, sin dudas. Pero dejar a la gente a la buena de Dios no es la forma. O mejor dicho: fue la peor.

¿Y los saqueadores? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Son los mismos? Se habla de bandas organizadas. Que andan en motos o en camionetas. Actúan en grupo, todos juntos, como pirañas. Roban plasmas, roban vino, roban sidra, roban notebooks. No roban comida.

Es claro que en los hechos de vandalismo hay personas dedicadas a delinquir que le resulta más sencillo hacerlo en banda que enfrentarse solos ante una víctima. Una piña en la oscuridad, se diría.

Pero a ellos, a los que viven del delito, también se les sumaron los ladrones de ocasión. Gente que nunca robó pero que al notar la indefensión de la víctima y ver que algunas cosas están ahí, a la mano, se preguntan: ¿Y por qué no? A ellos, a los que agarren, se les aplicará la figura penal de hurto calamitoso, que prevé penas de 1 a 6 años.

Ya es medianoche y estoy solo en casa. Mi gato juega con un bicho. La tele es parte del sonido ambiente. El teclado también. Hace tres horas que vengo de recorrer el centro y la zona sur de la ciudad. No comí. En un rato me voy a acostar.

Otra vez los tiros.

Ojalá pueda dormir. 

Alertan sobre terribles efectos que causan los agrotóxicos en animales domésticos

Un veterinario radicado en Las Breñas alertó sobre los reiterados casos de animales con malformaciones, parálisis y cegueras en la zona del sudoeste provincial. Algunos llegan tan intoxicados a su consultorio que terminan muriendo. Culpó al uso indiscriminado de agrotóxicos. 

Malformaciones, convulsiones, parálisis, ceguera y hasta la muerte. Estas son algunas de las consecuencias que se detectaron en animales domésticos en el sudoeste provincial, producto del uso indiscriminado que se hace de agrotóxicos como el glifosato y el endosulfán. Pidieron que las autoridades provinciales y municipales realicen mayores controles en la zona.

En diálogo con CHACO DIA POR DIA, el médico y magíster veterinario, Lionel Farias, recordó que en 2004, un año después de radicarse en Las Breñas junto a su familia proveniente de Buenos Aires, comenzó a detectar una serie de casos en los cuales se presentaban animales con signos de intoxicación pero cuya sintomatología le llamaba particularmente la atención.

"Desde los primeros días en Las Breñas se dieron casos comunes de intoxicaciones por el mal uso de productos utilizados comúnmente en el tratamiento de pulgas y garrapatas así como por el uso indiscriminado y sin criterio de antiparasitarios inyectables, pero se presentaban casos en los cuales el propietario de la mascota en cuestión relataba no haber utilizado químicos alguno para tal fin o q el animal haya estado en contacto con alguno. Éste fue el inicio de nuestro desconcierto y lo que nos lleva a tratar de descubrir el origen de estos casos, que indudablemente eran de intoxicación", indicó.

A partir de estos casos, Farias empezó a recopilar información. Así pudo constatar la gran cantidad de neoplasias, tumores, alteraciones hormonales y malformacionas que se presentaban en forma cada vez más creciente en los animales que trataba en su clínica.

"Lo primero que nos llamó la atención, fue que la mayoría de los animales domésticos presentaban sintomatologías graves después de haber consumido grasas animales y teniendo en cuenta lo antes mencionado comenzamos a atar cabos y juntar datos tales como que los animales habían andado en campos recientemente fumigados o que algún vecino utilizó agroquímicos como el glifosato para el control de yuyos en su casa", indicó.

Así, el primer caso de intoxicación con glifosato confirmado lo tuvo con un cocker spaniel de Charata el cual se presentó con ceguera, parálisis generalizada (movía únicamente la cabeza) e imposibilidad para la micción (orinar) y la defecación, "a tal punto que durante diez días tuvo que traer su mascota para ayudarlo a miccionar y defecar", comentó.

Farias recordó que al cocker se le realizaron placas radiográficas que no mostraban alteraciones óseas y los análisis clínicos mostraban intoxicación pero no podía determinar a ciencia cierta con qué se habían intoxicado hasta que su propietaria mencionó la existencia en su domicilio de envases almacenados de glifosato. "Días después se presento otro caso, también de Charata, de dos animales que habían tomado contacto con el mismo producto, al pisarlos después que limpiaron un recinto donde el glifosato se había derramado", recordó.

Labio leporino

El especialista, dedicado a atender junto a su esposa a animales de localidades como Charata, Pinedo, Gancedo, Berthet, entre otras, comentó además que el efecto de los agroquímicos se nota también en malformaciones que aparecen en los animales recién nacidos. "Uno de los casos más notorios fue el de una perra que en dos oportunidades dio camadas de cachorros con labio leporino, que es una malformación frecuente de este tipo de químicos (mencionado esto, en la literatura americana)", contó. En la última parición, la perra tuvo de diez cachorros, seis con labio leporino. Farias recordó que después de comentar con la dueña de la perra este extraño fenómeno, ella expresó: "Con razón en mi barrio hay tantos chicos con ese problema".

Una patología no muy rara en veterinaria son las llamadas piometras (enfermedad originada por una infección en el útero y acumulación de secreciones y pus en su interior) las cuales son producidas por varios factores pero en general tienen una base hormonal. Farias indicó que las características y gran cantidad de casos que se le presentan a diario es por demás llamativa "sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los casos no tienen un factor predisponente previo". "En gatos, esta patología no es frecuente como en perros, no obstante tuvimos varios casos", sostuvo. 

Convulsiones

Uno de los últimos casos que tuvo que atender Farias fue el de un perro pitbull que no conseguía hacerlo dejar de convulsivar "ni poniéndolo en coma barbitúrico (ya que salía de éste con extrema rapidez)", graficó. "El dueño estaba convencido de que lo habían picado las abejas ya q había un gran número de estos insectos en el recipiente donde el animal bebía agua sin notar que el perro no tenía ni una sola lesión que caracteriza a la picadura de abejas y que ellas estaban muertas en el agua. Es de hacer notar que al lado del local del propietario existe una agroquímica y varios acopiadores con silos en donde es sabido, se utilizan agroquímicos para proteger los granos", contó el médico.

A estos casos, Farias les añadió dos más pertenecientes a la vecina Patricia Herrera, la cual llevó a su veterinaria dos perros con síntomas de intoxicación que fueron recuperados, pero un tercero que no pudieron encontrar a tiempo fue hallado muerto.

"Hemos intentado por todos los medios hacer conocer este tema sin que nadie, ni ninguna  entidad publica o privada nos prestara atención hasta ustedes", reconoció Farias. "A mi modesto entender, este es un problema que llevará tiempo solucionar, ya que existen muchos intereses de por medio y medidas de control ineficaces, ya que creo que vamos a una universidad, no para ser llamados doctor o ingeniero sino porque tenemos una obligación social, pero que podemos hacer cuando cualquiera puede, sin receta, comprar cualquier químico que le plazca", opinó.

Publicado el 13 de noviembre en CHACO DIA POR DIA

Apretar a la Jueza

Marcos Verbeek, ministro de Gobierno del Chaco.

La jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, denunció penalmente al ministro de Gobierno del Chaco, Marcos Verbeek. Aseguró que el funcionario la llamó por teléfono y la amenazó con iniciarle juicio político por un fallo en el cual anuló detenciones ilegales realizadas en razzias policiales. Previa a la denuncia, Saidman notificó de esta situación al Superior Tribunal, al Consejo de la Magistratura y al Colegio y Consejo de Abogados de Resistencia.

A las diez menos diez del sábado pasado (24/08/13), la Jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman recibió un llamado. Del otro lado de la línea se presentó un funcionario del gobierno provincial. La saludó y luego le comentó, de manera enérgica, que tanto el gobernador como su vice estaban muy molestos por una serie de fallos en los cuales declaró ilegal casi una veintena de detenciones realizadas en razzias policiales. A esta manifestación, le añadió una clara amenaza que la repitió dos veces, para que quede claro de que la cosa era seria: "Doctora, salga a los medios a solucionar esto o le voy a iniciar juicio político". El funcionario usó su teléfono personal para llamarla. Era el ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.

Tras la advertencia, el ministro cortó la comunicación. Inmediatamente después, Saidman volvió a llamar al número en cuestión. Volvió a atenderla Verbeek. En esta oportunidad, le recomendó al ministro (quien también es abogado) que leyera la sentencia aludida, cuya copia ya había sido remitida a su ministerio. Y que ahí encontraría el fundamento de la decisión judicial. Verbeek volvió a cortar la comunicación.

Este relato forma parte de la denuncia penal que este miércoles (28/08/13) presentó Saidman ante la Mesa Informatizada del Ministerio Público Fiscal. Previamente, el martes por la mañana, la jueza remitió sendas notas comunicando los pormenores de este hecho al Superior Tribunal de Justicia, al Consejo de la Magistratura, como así también al Colegio y al Consejo de Abogados de Resistencia, quienes aún no se expidieron.

Que un ministro llame a una jueza para cuestionar sus fallos y amenazarla con iniciarle un jury de enjuiciamiento es grave. Más aún cuando se trata de un integrante del Consejo de la Magistratura, encargado de designar y remover jueces. Por otra parte, el hecho de apretar a una magistrada desde su celular particular (Saidman indicó que el teléfono terminaba en “448”, el mismo con el que a diario Verbeek atiende a la prensa) muestra a las claras la notable impunidad con que se manejó este integrante del gabinete provincial, sin que le pese en lo más mínimo la posibilidad de que se pueda comprobar fácilmente de dónde salió la controvertida llamada.

Sandra Saidman, vale remarcar, es reconocida dentro del fuero de la justicia local por ser una de las pocas juezas comprometidas de manera total con la protección de las víctimas de violencia de género, el respeto de los derechos individuales de las personas y el cumplimiento de las normativas ambientales. Su prestigio y honestidad es reconocido por juristas todo el país. Sin embargo, el gobierno provincial considera que sus pretensiones de respetar la Ley colisionan con la idea que tiene el Ejecutivo sobre la denominada Seguridad, entendida ésta como una suerte de carta blanca a la Policía para meter preso a cualquiera que tenga cara de delincuente.

¿Cuál fue la decisión que tanto molestó al Gobierno? El 5 de julio pasado, la jueza resolvió declarar nulas las detenciones de 17 personas que fueron apresadas en un procedimiento policial efectuado el 12 de julio de 2012, a las 20,30, en la cancha de fútbol del Barrio La Lomita. Esa noche, 10 pasaron 4 horas presos y los otros 7 estuvieron 14 horas detenidos.

El informe policial consignaba que ante un llamado por un supuesto “desorden” los policías fueron al lugar y “constataron la veracidad de lo informado”, observando la “presencia de una gran cantidad de personas, todos masculinos, quienes se encontraban aglomerados promoviendo desorden”. Después de ser “agredidos”, continua el informe, los policías detuvieron a todos los “desordenados” y les secuestraron tres botellas de cerveza y tres envoltorios “posiblemente” con marihuana por lo que se dio intervención al departamento de drogas peligrosas.

Saidman consideró que la detención de los 17 involucradosfue "una razzia, resultando tal proceder una medida desproporcionada y arbitraria, no existiendo razón alguna que pueda dar sustento a la misma". Entre los fundamentos de la medida, la jueza sostuvo que "el autor del informe policial no dio razones suficientes que validen la detención de los 17 involucrados, se limitó a calificar al hecho como un gran desorden y a calificar a las personas aprehendidas como "desordenadas"; tampoco en sede judicial aclaró en qué consistieron esos desórdenes". El autor del informe policial es ni más ni menos que el suboficial, Hugo Olivello, acusado de reiterados abusos policiales y detenciones arbitrarias. Entre ellas, la del reportero gráfico de El Diario de la Región, Gustavo Torres, en abril de 2010.

A partir de esta situación, y con este informe en su mano, Saidman evaluó que "no resulta posible reconstruir los hechos sucedidos el 12 de julio de 2012 a las 20,30 en la cancha del barrio La Lomita de modo claro y preciso, y menos aún la intervención que le cupo a cada uno de los 17 involucrados. Mejor aún, no hay posibilidad de construir una hipótesis de imputación".

Finalmente, expresó: "Hubo en el presente caso una actuación policial desproporcionada, no compatible en modo alguno con el desempeño de una fuerza policial democrática".

Como parte de las medidas resueltas, Saidman dio intervención al órgano de control institucional (OCI) de la Policía de la Provincia del Chaco, "a efectos de la sustanciación de las actuaciones administrativas que se estime corresponder", y también informó al Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia, Marcos Verbeek, "atento a que se declaran arbitrarias las detenciones de los 17 involucrados por habérselas llevado a cabo en un operativo policial de razzia)".

Al hacer esta recomendación, Saidman citó el caso Bulacio. El 19 de abril de 1991 Walter Bulacio, de 16 años, fue detenido arbitrariamente por la Policía Federal cuando intentaba ingresar a un estadio para presenciar un recital de rock en la ciudad de Buenos Aires. La aprehensión fue parte de una detención planificada y masiva de más de 70 personas (comúnmente conocida como "razzia"), entre ellas varios menores de edad.

El Centro de Estudios Legales y Sociales recuerda que en la comisaría 35ª, Walter fue sometido a malos tratos. Al día siguiente lo llevaron a un hospital, sin que sus padres ni un juez de menores hubieran sido notificados de su detención, violando así la normativa vigente. Las condiciones de detención y las prácticas violentas a las que fue sometido provocaron su muerte cinco días después. Ningún funcionario policial fue responsabilizado por la detención arbitraria, las violaciones a la integridad física y la muerte, que permanecen impunes.

El caso Bulacio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual calificó a las “razzias” como “incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener —salvo en hipótesis de flagrancia— y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad”.

Esta calificación y otras consideraciones sobre los efectos de los abusos protagonizados por la policía, llevaron a la Corte a ordenar al Estado que suprimiera las normas y prácticas de cualquier naturaleza que pudieran entrañar una violación a las garantías previstas en la Convención Americana, y que desarrollara otras que procuren la observancia de tales garantías. La Corte también sentenció que deben modificarse las condiciones de detención de las personas en general, y de los menores de edad en particular. La urgencia de estas modificaciones respondía, según consideró la Corte, al deber del Estado de evitar, por todos los medios a su alcance, la reiteración de casos como el de Walter Bulacio.