martes, 25 de febrero de 2014

Ante la Conadep, Wischnivetzky fue acusado de ordenar la desaparición de una persona


El excomisario retirado, acusado de comenter delitos de lesa humanidad y recientemente expulsado de la Secretaría de Seguridad del Chaco, Eduardo Wischnivetzky fue denunciado en 1984 ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) por la desaparición de Mateo Matutinovich, un joven brasero con retraso mental que hacía changas para la comisaría de Villa Ángela y también para el  propio Wischnivetzky.                                                                                            

A continuación, la carta completa.


Villa Ángela, 30 de marzo de 1984


Al señor Presidente de la Comisión por Desaparecidos

Don Ernesto Sábato


S----------/-----------D



Mucho medité antes de tomar esta decisión de escribir a esa honorable Comisión, pero hoy lo hago en la esperanza de que Dios ilumine vuestras mentes y vuestros corazones para que tan noble gestión llevada a cabo por uds. sirva para que salga a la luz tantas atrocidades cometidas en nuestra patria.

El motivo es denunciar ante esa Comisión la desaparición de una persona ocurrida en esta ciudad hace ya tres o cuatro años. Estando detenido en la comisaría local desapareció hasta el día de hoy Mateo Matutinovich, un hombre de unos 28 o 30 años, alto, rubio, hijo de Sofía Viuda de Matutinovich, con domicilio en pareja “Los Gansos”, distante unos 25 kilómetros de esta ciudad.

Responsable de esta desaparición son el entonces Jefe de la Regional “3”, ex comisario general Ángel Oscar Collazo; el comisario inspector, Eduardo Weniwesqui (por Wischnivezky), todavía en funciones y el cabo de policía Cardozo, lugarteniente entonces del nombrado últimamente y otros policías que no recuerdo el nombre y que colaboraron y particiapron en este hecho.

Mateo Matutinovich, señor presidente, no era un guerrillero, ni un delincuente, ni nada que le hiciera esperar o suponer tan triste destino. Era un bracero que por temporadas declinaba en sus facultades mentales pero muy útil y trabajador cuando su estado mental era normal. Tal es así que el entonces comisario Weniwesqui le hacía trabajar en sus chacras junto a otros presos y bajo la supervisión de Cardozo. Pero un buen día porque Mateo no realizó un trabajo como se le ordenó, Weniwequi ordenó su “ejecución” a manos de Cardozo, para luego, junto a otros policías, dedicarse a la macabra tarea de hacer desaparecer el cuerpo hasta hoy. Lo conocí bien a Mateo, además en ese momento me encontraba detenido junto a él, por lo que conozco bastante bien lo ocurrido, como mucha otra gente que en su momento no se animó a hablar por temor. Por eso sé que cuando su madre comenzó a preguntar por su hijo se fraguó una fuga adulterando para ello el “libro de guardia”, detalle este que sugestivamente nadie advirtió cuando se inició una tibia investigación sobre el caso. Como tampoco las diferentes versiones que le daban a su atribulada madre cada vez que en la Policía preguntaba por la suerte corrida por su hijo. Los culpables eran intocables, entonces nada de profundizar una investigación.

Pero este caso señor Presidente es irreversible. Mateo ya no existe y sus asesinos gozan de total impunidad. Estos mismos funestos policías quienes apañaban los crímenes cometidos por el entonces oficial Carlos Alfredo Lebes (hoy preso en Colombia) pero que aquí jamás estuvo un sólo día preso. Tenía anuencia para matar, pues se fabricaba una “resistencia a la autoridad” y “aquí no pasó nada”.

A diferencia de otros desaparecidos, señor Presidente, Mateo no tiene interés político para nadie. No era escritor, ni abogado y no habrá organización de por los derechos humanos que se ocupe de él. No era relevante y no tendría importancia más que para su atribulada madre, pero seguramente tenía derecho a la vida como cualquier otro ser.

Por último quiero permitirme una consideración personal que es la siguiente: si esta denuncia es derivada a la Comisión local, todo caerá en vía muerta. Aquí nadie se juega por nada que no le interese o que no le signifique réditos políticos.

Invoco a Dios para que los ilumine y ruego para que la indulgencia de esa Honorable Comisión pueda esclarecer éste y todos los casos que están en sus manos.

Saludo a Uds. con mi más alta consideración.


Horacio R. Fernández.

lunes, 24 de febrero de 2014

Dejan sin efecto la designación del asesor acusado por delitos de lesa humanidad


Eduardo Wischnivetzky está acusado de delitos de lesa humanidad.
El gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff dejó sin efecto el decreto Nº 183/2014 que establecía la designación de Eduardo Wischnivetzky como asesor del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. El mandatario chaqueño manifestó que desconocía "los antecedentes personales del citado asesor".

En los considerandos del nuevo decreto expresa:  “Visto y considerando que el decreto Nº 183/2014 de designación de Eduardo Wischnivetzky, D.N.I Nº 7.531.812, fue impulsado por el anterior ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Dr. Marcos Antonio Verbeek, desconociendo el señor Gobernador de la provincia los antecedentes personales del citado asesor”.



“Que en cuanto a la rúbrica de los decretos, los mismos son suscriptos por el titular del Poder Ejecutivo por requerimiento de sus ministros, quienes tienen la responsabilidad de controlar antecedentes y requisitos normativos del presente instrumento legal”.



En virtud de lo expuesto el gobernador de la provincia del Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff decreta: “déjese sin efecto el decreto Nº 183/ 2014, hasta tanto la actual ministra de Gobierno, Justicia y Seguridad, Dra. María Lidia Cáceres, eleve informes que aconsejen su ratificación o eliminación, sin que esto implique prejuzgamiento sobre la situación personal del asesor propuesto”.

Fuente: Prensa de Gobierno

viernes, 21 de febrero de 2014

Aureliano Villán, exdetenido político: “Wischnivetzky me torturó a mí y a mis compañeros”

Aureliano Villán, expreso político.

El exdetenido político y exmilitante de la Juventud Peronista Regional IV, Aureliano Villán, ratificó que el excomisario retirado y actual asesor en Seguridad del Chaco, Eduardo Wischnivetzky, lo torturó mientras estaba detenido en la alcaidía de Sáenz Peña, en 1974. También lo acusó de participar de torturas contra dos sacerdotes vinculados a las Ligas Agrarias.  

En su cuenta de Facebook y tras conocer la designación de Wischnivetzky en el gobierno del Chaco, Villán se mostró particularmente indignado. “Este es el comisario Winedesquy (por Wischnivetzky). Un torturador de compañeros hijo de re mil puta.  Estuvo junto con el Comisario Ceniquel en la emboscada de Colonia Aborigen donde debían asesinar a dos sacerdotes y a un militante de la Juventud Peronista Regional IV que era yo. Como les birlamos la emboscada, nos fraguaron una causa con el Juez Norberto R Gimenez, actual Juez Federal en ejercicio en la Cámara Federal de Resistencia”, relató.

Eduardo Wischnivetzky, excomisario denunciado por delitos de lesa humanidad.
Villán aseguró además que Wischnivetzky “torturó al Sacerdote Jean Franco Testa, al Sacerdote Joaquín Nuñez, a Carlos Aníbal Páez y a mí desde el día 15 deAbril de 1974 durante cinco días aproximadamente”. “Personalmente tuve un careo con este hijo de puta, por orden del Juez Federal -padre de Sandra Mendoza. El Dr. Mendoza no pudo investigar el caso de Colonia Aborigen, porque el poder político en Manos de Deolindo F Bittel, Florencio Tenev, Wenceslado Ceniquel y Norberto Gimenez no lo dejaron, y tuvo que renunciar como Juez Federal para que asuma el Dr Luis Angel Córdoba actualmente preso por delito de lesa humanidad”.

“Y este torturador -Winedesqui- formaba parte de la patota de Ceniquel, con Manader, Tomas, el comisario Gomez, el comisario Ireneo Ramírez, entre otros que reprimieron durante los años setenta a los compañeros sacerdote del Tercer Mundo, a los Compañeros de Juventud Peronista Regional IV, a los compañeros de Ligas Agrarias... El comisario Winedesqui fue policía de las triple A aquí en la Provincia... Lo conozco personalmente como torturador, a mí me torturó y conmigo se cagó en el careo cuando en el 74 lo denuncié por apremios ilegales”, añadió Villán.

Al final de su escrito, el exmilitante de la JP se preguntó “¿Dónde están los compañeros del Museo de la Memoria, dónde está el Secretario de Derechos Humanos José Luis Valenzuela? Este comisario sabe mucho sobre los huesos que se encontró en la demolición de la alcaldía de Sáenz Peña donde me torturó”.

jueves, 20 de febrero de 2014

Lo investigan por delitos de lesa humanidad pero el Gobierno lo contrató como asesor en Seguridad

Eduardo Wischnivetsky, excomisario retirado.
El gobierno provincial designó como asesor en asuntos de Seguridad al comisario general retirado, Eduardo Wischnivetsky, quien estuvo procesado y hasta pasó varios meses en prisión acusado de cometer delitos de lesa humanidad en 1974, año en donde se empezó a gestar el aparato de la represión ilegal de la dictadura. Actualmente, la Fiscalía Federal lo investiga por una denuncia en donde se lo apunta como autor de secuestros y la violación de una detenida.

A través del decreto 183/14, del 14 de febrero pasado, firmado por el gobernador en ejercicio, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, y la ministra de Gobierno, María Cáceres, se reintegró a la Administración Pública a Wischnivetsky y lo designó como asesor en la Secretaría de Seguridad Provincial, dependiente del Ministerio de Gobierno. Según el decreto, Wischnivetsky (quien también fue precandidato a diputado nacional el pasado por la Lista H del Frente para la Victoria) intervendrá en el "asesoramiento, elaboración, implementación y evaluación de políticas de Seguridad Pública".

En los considerandos del decreto se destaca que el excomisario es "especialista en cuestiones de seguridad pública, con vasta y reconocida trayectoria". Además se indica que el gobierno necesita contar con personal "especializado y con experiencia" en la lucha contra el narcotráfico, área en la que Wischnivetsky "obtuvo una medalla".

El año pasado, Eduardo Wischnivetsky fue precandidato a diputado nacional.
Sin embargo, según pudo confirmar CHACO DIA POR DIA, el pasado del excomisario es particularmente oscuro. En diciembre de 2002, en el marco de la causa Nº 243/84, "Caballero, Lucio y otros s/ tormento agravado", el juez federal, Carlos Skidelsky, lo procesó y detuvo junto a otros ocho genocidas en el marco de la denominada "Causa Caballero". Posteriormente, y en una muy cuestionada resolución, el conjuez Federal, Ricardo Frencia, mantuvo el procesamiento pero le concedió la libertad. Finalmente, en septiembre de 2007, el exconjuez, Juan Piñero, dispuso la falta de mérito (lo que en criollo significa que faltan pruebas para procesarlo pero que aún no fue sobreseído de culpa y cargo).

Los hechos

Al ex comisario se lo procesó en 2002 por su supuesta participación en una severa golpiza perpetrada en 1974 contra Aureliano Villán, militante de la Juventud Peronista Regional IV y empleado de la por ese entonces, Dirección del Aborigen Chaqueño.

En su declaración a la Justicia Federal, Villán recordó que en la madrugada del día 15 de abril de 1974, fue detenido en Quitilipi por una patrulla policial integrada por el oficial Romano y el cabo Zaracho. ¿El motivo? Lo acusaban de participar del intento de copamiento del destacamento de Colonia Aborigen, ocurrido el día anterior.

Villán fue llevado a la comisaría de Quitilipi y luego trasladado a la Alcaidía de Sáenz Peña, donde según su denuncia fue golpeado durante varios minutos por el comisario Wischnivetsky -por ese entonces, a cargo de la comisaría de Machagai- y personal a su cargo. Participaron de esa golpiza los genocidas Wenceslao Ceniquel, Gabino Manader, Lucio Caballero, un Sargento de apellido García, Carlos Thomas y José Cardozo, entre otros.

"Cuando yo entro en la Alcaldía con un policía que me llevaba las esposa me recibe allí el Comisario Wischnivetsky", contó Villán en su declaración testimonial. "Él me pone una trompada y yo la esquivo y le pega al policía que venia atrás y yo caigo sobre el policía que se había desmayado y ahí cobré. Me dio una patada que me abrió el mentón, yo le saco la cara y con la plancha le pega en el mentón y después ya no esquive más porque era peor. Ahí me pegaban entre todos", señaló.

Ligas Agrarias

El decreto que lo designó.
Los otros hechos por los que Wischnivetsky podría ser procesado y hasta detenido están enmarcados en la detención ilegal y tormentos que padecieron durante la última dictadura pobladores rurales y pequeños productores del interior del Chaco, relacionados con la persecución a militantes de Ligas Agrarias. (Actualmente esta investigación está en una etapa incipiente de recolección de pruebas y testimonios).

El requerimiento de la Fiscalía Federal que lo implica data del 17 de diciembre del 2012. Apunta al secuestro de un matrimonio de Villa Berthet, ocurrido el 30 de agosto de 1977. Ambos fueron apresados de manera ilegal con la intención de torturarlos y arrancarles información sobre Ligas Agrarias, y en particular sobre Hugo Rogelio Voucouber y Secundino Taco Vallejos, dirigentes esa organización, hoy desaparecidos.

El procedimiento, según los testimonios recabados, estuvo comandado por el oficial Wischnivetsky (en el escrito aparece como "Veniveski"), quien en ese momento se desempeñaba en la comisaría de Villa Berthet. Uno de los testigos aseguró que, de acuerdo al testimonio de la propia detenida, Wischnivetsky habría abusado sexualmente de ella.

Cabe recordar que para la Justicia el delito de violación durante la última dictadura no puede abordarse como un crimen común, sino que forma parte indivisible de los tormentos, apremios y vejámenes que se infligieran sistemáticamente a detenidos por razones políticas durante la represión ilegal en la Argentina y en el Chaco. Es por eso que son imprescriptibles.

Por este hecho, la Fiscalía Federal de Resistencia pidió en diciembre de 2012 una serie de diligencias. Las mismas tienen que ver con la convocatoria a una rueda de reconocimiento sobre el personal que se desempeñaba en la comisaría de Villa Berthet durante esos días y la posterior detención de los uniformados que sean confirmados por los testigos. Las mismas, aún no se concretaron.


Publicado el 20 de febrero de 2014 en CHACO DIA POR DIA

jueves, 6 de febrero de 2014

Sedición policial: los hechos de Sáenz Peña

Juan Cantero, uno de los principales imputados por la sedición policial en Sáenz Peña.

El requerimento de instrucción presentado este martes por un equipo de fiscales Federales, en el marco de la sublevación policial de diciembre, tiene un capítulo especial dedicado a los hechos acaecidos en Sáenz Peña.

Allí se detalla el accionar de los uniformados involucrados en la revuelta, la que tiene como actor principal al comisario Juan Cantero, hoy imputado por sedición e incitación a la violencia, junto a su mujer, la abogada Elena Irrazabal. 

El requerimiento de instrucción presentado el martes ante el Juez Carlos Skidelsky apunta a 99 personas de protagonizar los delitos de sedición e incitación a la violencia colectiva, agravados por la "ultrafinalidad de aterrorizar a la población". Entre los acusados hay agentes policiales, del servicio penitenciario provincial y civiles.

El escrito, disponible en Fiscales.gob.ar, se dividió en secciones jurisdiccionales. Una primera implicó los hechos ocurridos en cooptación sediciosa a la División 911 y División de Atención a la Mujer en Sáenz Peña. La segunda se circunscribió al acuartelamiento o alzamiento correspondiente al Complejo Penitenciario II de la ciudad Termal. Y la tercera, corresponde a los hechos acontecidos en Resistencia. En una primera parte, CHACO DIA POR DIA publicó lo ocurrido en la capital provincial. Ahora, detalla lo acontecido en la ciudad Termal.

En la División 911 

De acuerdo al requerimiento judicial, a las 19, el Comisario Cantero, irrumpió en la División 911 de Sáenz Peña junto a un grupo de aproximadamente 70 personas. A viva voz, transmitió el reclamo que al gobierno provincial por mejoras salariales, utilizando para ello pancartas y bombos. Al mismo tiempo, le exigió al Jefe de dicha División, Marcos Scarpellini que permita al personal de la unidad a su cargo adherirse al reclamo, permaneciendo en dicho lugar durante varios minutos. Luego se retiró. Durante su permanencia en ese lugar el grupo de manifestantes que lo acompañaba obstaculizó el ingreso al galpón de la dependencia.

A las 20, Cantero apareció en la Sala del 911 desde donde pidió al operador de turno que a través de la radio requiera a todos los móviles en servicio que bajaran hasta ese lugar. Ante la negativa del operador, Cantero tomó el equipo oficial y pidió a los móviles que bajaran hasta ese lugar, manifestó que el beneficio "era para todos", que no hacía falta que den la cara y que bajen por lo menos 5 minutos.

Los fiscales afirman que junto a Cantero se encontraban los sargentos Miguel Ramirez y Ricardo Maciel, quienes también modularon a través del equipo de la dependencia, identificándose con nombre, jerarquía y manifestando que no se trataba de un acto de servicio, sino que la convocatoria perseguía que los móviles se plieguen a la protesta.

Tras la convocatoria, varios patrulleros que en ese momento estaban en servicio llegaron hacia la sala del 911. Asimismo el sargento Ricardo Maciel, quien se encontraba uniformado, se sumó a la protesta y habría incitado a través del equipo de radio de la Sala 911 al resto del personal en servicio a sumarse, "desatendiendo cada uno de los nombrados las funciones que les son propias y generando con ello una situación de inseguridad", señalaron los fiscales.

Al mismo tiempo en que se efectuaba esta convocatoria, en Sáenz Peña ya se observaban movimientos y se contaban con datos precisos acerca de la posibilidad de saqueos en el supermercado "Chango Mas", lugar al cual acudió la fuerza aunque desprovista del personal necesario para hacer frente al elevado número de personas que se encontraban en el lugar llevando a cabo los saqueos.

"Esta situación fue replicada en cada una de las comisarías, unidades y dependencias policiales de la localidad de Sáenz Peña al encontrase con una dotación de personal y equipamiento insuficientes para hacer frente a los delitos que se estaban cometiendo, como también el comportamiento deliberado de algunos funcionarios que en el momento de mayor tensión no solo no actuaron, incumpliendo sus funciones sino que en algún caso, como ser en el del personal de investigaciones, asumieron un rol absolutamente activo concurriendo a los lugares donde existía conflicto aunque no para cumplir su función sino para convencer a los funcionarios allí presentes de que se sumen a la protesta y abandonen su servicio", advirtieron.

Tras el episodio de la División 911, se conformó una caravana que se dirigió hasta las instalaciones del Complejo Penitenciario. La columna llegó a las 21.35. Permanecieron en el lugar durante un lapso breve. Luego se retiraron. Dos días antes, ya se había iniciado la protesta de penitenciarios, la que encendió la mecha en la provincia, la cual hasta ese entonces no había sido afectada por las sublevaciones que se estaban dando en todo el país.

División de la Mujer

La caravana de Cantero continuó su recorrido militante hacia la División de la Mujer, la cual estaba a cargo de la comisario Adela del Carmen Escalante. El comisario llegó acompañado por los abogados Martin D'Alessandro y Virginia Irrazabal (esposa de Cantero), personas de civil, otros funcionarios policiales, patrulleros y policías autoconvocados que se desplazaban en moto.

En ese momento, ante la presencia de estas personas, personal de la dependencia se dirigió hasta el frente para ver qué ocurría. "Adela, vamos. Estamos a un paso de conseguir lo que queremos, súmate a la protesta. Vamos, chicas, acá tenemos abogados que las van a defender", le habría dicho Cantero a la titular de la División de la Mujer.

Los abogados D´Alessandro e Irrazabal participaban en la tarea de convencer a la comisario Escalante "Sumate, Adela. Estamos toda la familia, es un reclamo para todos", le habría dicho la esposa de Cantero. Al mismo tiempo, desde los patrulleros que conformaban la caravana, gritaban para que se adhirieran a la sublevación.

Los fiscales aclararon que la actitud de Cantero, "no consistía en una simple invitación, sino que insistía en todo momento para que el personal de la división se sumara a la protesta, al punto tal que aquello que en un primer momento pareció ser el resultado de una convocatoria efectuada en forma pacífica en el intento de convencer voluntariamente a dos agentes mujeres, quienes subieron a uno de los patrulleros, fue en realidad el resultado de un comportamiento compulsivo ya que las agentes antes citadas subieron al patrullero en cuestión contra su voluntad. Esta situación pudo conocerse luego de trascurridos aproximadamente 40 0 50 minutos cuando regresaron hasta la unidad y manifestaron que Cantero las había obligado a subir, agarrándolas del brazo, como también que los demás policías no le permitían bajar, y agregaron que en ningún momento se quisieron plegar a la medida, sino que las obligaron, razón por la cual cuando llegaron con la caravana hasta a la comisaria primera, se escaparon sin que las vean, y volvieron caminando, informando a su superior lo que había ocurrido", indicó.

Complejo Penitenciario Provincial

En el Complejo Penitenciario de Sáenz Peña, la protesta comenzó en la mañana del 8 de diciembre cuando un grupo aproximado de 26 agentes y sub oficiales hicieron abandono de su trabajo y se dirigieron hacia el frente del penal en señal de protesta por pedido de aumento salarial.

Dicha actitud continuó a pesar del pedido efectuado por el sub director del Complejo, Ariel Bagatoli quien se encontraba como jefe de turno durante ese fin de semana. Bagatoli les hizo saber que ello podría acarrearles consecuencias judiciales y administrativas graves.

A las 10.30, el pedido para que depusieran su actitud y retomaran el servicio fue efectuado por el director del penal, Juan Pedroza. La respuesta fue negativa. Ante esto ordenó que entregaran el equipamiento de servicio, como ser escopetas, chalecos, cascos, radios y linternas.  Accedieron al pedido, aunque no hicieron entrega de las llaves de acceso a alguno de los módulos. Para poder continuar con las actividades propias del penal, tuvieron que romper los candados para que lo presos pudieran salir al lugar de visitas.

A las 11.30 se hizo presente el Director del Servicio Penitenciario, Jorge Ibarrola, quien mantuvo una reunión con el personal que se hallaba con la medida de fuerza. Luego del encuentro, cuatro de ellos desistieron de la medida y regresaron a sus puestos de trabajo. Los 22 restantes continuaron con la protesta para lo cual se apostaron en el frente de la unidad, dentro del predio, donde permanecieron hasta la noche del 9 de diciembre.

Durante su permanencia en el lugar el personal que ingresaba a tomar su turno era hostigado para que se plieguen a la medida de fuerza. Como resultado de ello lograron sumar la cantidad de 47 uniformados.

De acuerdo a los fiscales, quienes comandaban el grupo y cumplían funciones de llevar adelante la medida manteniendo conversaciones, presentando escritos, intermediando con abogados "fueron los agentes Walter Molina y Walter Edgar Sandoval, el cabo Darío Ponce y Borda".

"La medida de fuerza llevada adelante por estos funcionarios, repercutió en forma directa en las actividades diarias del complejo, sobre todo teniendo en cuenta que su inicio coincidió con el día de visitas con que cuentan los internos alojados en la unidad, actividad que de no realizarse traería aparejadas consecuencias por parte de los internos, razón por la cual debió convocarse a aquellos funcionarios que se encontraban de franco", indicó el equipo fiscal.

El 9 de diciembre por la mañana, se hizo presente Cantero, junto a su esposa y otros dos abogados. Desde el sector perimetral externo se entrevistó con los penitenciarios Molina, Ponce y Sandoval y luego se retiró.

El mismo 9 de diciembre, pero a las 21.35, volvió al Complejo. Esta vez encabezando una caravana de vehículos, liderada por un patrullero policial de la comisaría 4ta, en cuya caja lo hacían un grupo de aproximadamente 15 o 20 personas. Algunas estaban con uniforme policial con bombos, pitos y elementos de pirotecnia que eran lanzados al aire. Dicha caravana estaba conformada por patrulleros policiales y vehículos particulares, estacionándose frente al portón de acceso al penal.

Al llegar, Cantero descendió del vehículo, junto a otros funcionarios policiales entre los que se encontraba el oficial Hermindo Vivero, se acercó al portón y mediante gritos manifestó que iban a ingresar. Lo acompañaban un grupo de 60 a 80 personas. Se produjo un forcejeo entre estas personas que intentaban abrir el portón y el personal penitenciario que desde el interior resistía, resultando afectado el portón en una de sus hojas como consecuencia del forcejeo.

"Esta actitud fue mantenida a pesar de la advertencia dirigida por el Jefe del Penal, Comisario Pedroza al comisario Cantero para que no ingresaran y que se retiraran del lugar, dado que en ese momento existían tres módulos al borde de inicio de un motín, y que si se producía un desorden con motivo del ingreso de los manifestantes, más el reducido grupo de guardia existente, esta situación sería aprovechada por los internos para producir consecuencias graves", señalaron los fiscales.

"Sin embargo Cantero alentaba al personal penitenciario que se encontraba protestando para que dejaran el penal y subieran a los vehículos. Finalmente se logró que se distanciaran para poder dejar salir al personal que se plegaba a la protesta, haciéndolo un total de 47 funcionarios los que se retiraron junto a estas personas, dirigiéndose hasta dependencias de División Atención a la Mujer donde se produjeron los hechos descriptos en el acápite que antecede. Cada una de las circunstancias señaladas, se encuentran suficientemente documentadas en cada uno de los informes y prueba documental acompañados por las autoridades del servicio penitenciario de la provincia y del gobierno provincial", acusaron.


Publicado en CHACO DIA POR DIA, el 6 de febrero de 2014.

miércoles, 5 de febrero de 2014

Sublevación policial: la crónica de lo que ocurrió en Resistencia


El equipo del Ministerio Público Fiscal, conformado por Patricio Sabadini, Carlos Amad, Federico Carniel y Carlos Sansserri, presentó este martes un voluminoso requerimiento de instrucción judicial ante el Juzgado Federal de Resistencia en donde pidió imputar a un centenar de personas por los delitos de sedición e incitación a la violencia, en medio de la brutal protesta policial que dejó a la provincia a merced de saqueos en los primeros días de diciembre del año pasado.



Entre otras cuestiones, en el escrito se detalla paso a paso lo que ocurrió en la capital del Chaco hasta que finalizó el conflicto y el distinto nivel de responsabilidades que le cupo a cada funcionario policial. El documento es particularmente interesante para ver qué ocurría en las dependencias policiales mientras que en las calles se producían saqueos e intentos de robo en banda por doquier.



Aquí, CHACO DIA POR DIA, publica el detalle de lo que ocurría durante aquellos turbulentos días.



3 de diciembre de 2012. En el marco de los saqueos y protestas policiales que se estaban perpetrando en otras provincias, la Policía del Chaco ya tenía datos de la posibilidad de producirse hechos de pillaje en esta zona del país, los cuales fueron recabados a través de las redes sociales. Las fechas marcadas eran el 23 y 31 de diciembre.



5 y 6 de diciembre.  Ante esta posibilidad, el Jefe de la Policía,  libró el día 5 un radiograma. Al día siguiente, después del mediodía, apareció una nueva publicación de un tal "Carlos Policía" en la red social Facebook, quien abiertamente invitó a los funcionarios policiales a luchar por una mejora salarial, siguiendo el ejemplo de las otras jurisdicciones del país. Por la tarde, comenzaron a circular mensajes de texto -enviados a través de Internet- en los cuales se azuzaba a los uniformados para que se sumen a una eventual sublevación. "Vamos a protestar nosotros también" y "vamos a conseguir un mejor sueldo", eran algunos.



Inmediatamente después se libró una orden de operaciones para que cada uno de los jefes de las distintas unidades se interioricen y estén preparados para acudir a posibles saqueos.



7 y 8 de diciembre. Los SMS que incitaban a la sublevación policial siguieron circulando. La consigna era organizar la protesta el 20, 23 o 31 de diciembre. Tan es así que hasta ese momento no había una referencia clara de la fecha de inicio de la huelga sino que sólo se hacía un indicativo señalando días cercanos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



El 8 de diciembre, la situación era distinta. A través de la radio oficial de la Policía se hablaba de manera abierta del inicio de una protesta. Las máximas autoridades policiales, tanto de Resistencia como del interior provincial comenzaron una tarea de relevamiento del personal ante la posibilidad de que algunos uniformados en servicio abandonen sus funciones.



Cerca del mediodía, empezaron a surgir otros SMS que indicaban que se plegarían a una protesta personal de las comisarias Quinta y Séptima. El intercambio de mensajes se producían entre efectivos policiales de Resistencia con personal penitenciario de Sáenz Peña.



A las 15, le informaron al Subjefe de Policía,  sobre "movimientos extraños" de los patrulleros de la Quinta y Séptima, en cercanías a la avenida Chaco y Soberanía.



Inmediatamente después vía radio oficial, el suboficial Jorge Duarte emitió un mensaje señalando que todo el personal policial se encontraba en la comisaría Quinta y que de allí no saldría. Esta situación se produjo a pesar del pedido efectuado por su superior comisario Fabián Sissul, Jefe de la comisaría Quinta. "No es nada contra usted, pero no le vamos a hacer caso a su orden", le habría respondido Duarte.



Junto con personal policial, patrulleros de la comisaría Séptima, Quinta y otras dependencias se dirigieron a la comisaría Primera y junto a los funcionarios que lo acompañaban y patrulleros, bloquearon la salida del lugar asignado a la Policía Caminera.



Los agentes que estaban a bordo de los patrulleros que obstruían el paso no respondían a los llamados de la superioridad dirigidos por radio. En ese momento llegó hasta el lugar el Jefe de la Policía y solicitó a los manifestantes que depusieran su actitud. Como vocero de los sublevados, Duarte respondió que no. Ante esto, se pidió que por lo menos no obstruyan las salidas de la comisaría Primera y que entregue las llaves de los patrulleros. Duarte volvió a responder en forma negativa. Esto último a pesar de haber manifestado que el reclamo era netamente salarial. Pasadas las 16,30, y en simultáneo a la protesta, unos 80 familiares de los policías en huelga cortaron ambas esquinas de la calle de la comisaría.



En medio de este clima enrarecido, se ordenó al Director de Zona Metropolitana, que disponga de personal de Jefatura, Investigaciones y Caminera, para suplir las faltantes, dado que con el correr de los minutos eran más los funcionarios policiales que se iban plegando a la protesta. Luego de lo sucedido, la cúpula policial se reunió con funcionarios provinciales en Casa de Gobierno a la espera de una respuesta a los reclamos que efectuaban.



A las 21, se dejó en claro que era imposible otorgar un aumento de 8000 pesos para el básico de un agente. Media hora después, llegaron hasta la Comisaría Primera -foco de la protesta- una comisión integrada por el Jefe de Policía; el Sub Jefe; el Secretario de Seguridad, y toros funcionarios.



En el lugar se habían concentrado unas quinientas personas, entre manifestantes policiales, dirigentes sociales y otras personas que generaban un clima de tensión. Además de Duarte, la otra vocera era la Sargento Primero., Karina Chas.



Durante la reunión, los sublevados solicitaron viviendas, mejoras salariales y que no se apliquen sanciones por la medida que estaban realizando. La comisión aconsejó redactar un petitorio, el que fue presentado a las 23 al capellán José Flores, quien a su vez se lo entrego al gobernador. Permanecieron en ese lugar hasta la mañana siguiente.



9 de diciembre. Ese día, el grupo de huelguistas iniciaron una caravana desde la comisaría primera, hasta la jefatura, pasando en su recorrido por la comisaría segunda. En su trayecto causaron daños de todo tipo e increparon al Jefe y otros funcionarios de dicha comisaría. Estos hechos que tuvieron lugar por un lapso de 20 o 30 minutos. Luego abandonaron la comisaría Segunda y continuaron su recorrido hasta la Jefatura, lugar al que arribaron a las 9. Al edificio ingresaron unas 500 personas entre uniformados y personas de civil.



En ese momento, quien se encontraba a cargo dado que el Jefe de Policía estaba en Casa de Gobierno, ordenó que se cerraran las oficinas, como también que el personal de Jefatura permanezca en los pasillos. Los manifestantes ingresaron por una cochera, produciendo también distintas roturas, luego salieron nuevamente a la calle.



Se dialogó con Duarte y Chas, ambos voceros policiales, a quienes le comentó que Peña estaba en Casa de Gobierno, intentando encontrar una solución al conflicto. Además, les pidió que entreguen los patrulleros, con la intención de contar con una guardia mínima. Ambos se negaron.



El Jefe a cargo volvió a pedir colaboración a los voceros y les solicitó que entreguen las armas largas y los chalecos. Chas y Duarte respondieron que no los tenían, aunque la información recibida de las comisarías daban cuenta que quienes se plegaron a la protesta contaban con el equipamiento.



Esta situación generó que los pocos policías que habían en las calles de Resistencia no tuvieran el equipamiento ni los vehículos necesarios para intentar enfrentar los saqueos que se viralizaban en distintos supermercados de la ciudad.  Para ese entonces, la capital del Chaco vivía un clima de psicosis y violencia, pocas veces visto. Supermercados cerrados, gente encerrada en sus casas y robos en banda por doquier.



Durante la noche, mientras se originaban saqueos, parte de los policías que se encontraba protestando fuera de la jefatura tomaban bebidas alcohólicas, mientras insultaban al resto del personal en servicio.



A las 21, funcionarios del gobierno llegaron a la Jefatura. La comitiva se reunió con los voceros Duarte y Chas. Más tarde se presentó el por ese entonces ministro de Gobierno, Marcos Verbeek.



La muerte del joven Ricardo Romero, en un intento de saqueo a un supermercado, y la herida de bala que sufrió el subcomisario, Cristian Vera -quien murió varias horas después-, precipitó el acuerdo. Con esto, la protesta terminó. El servicio de seguridad comenzó a normalizarse y el personal que se encontraba protestando retomó sus funciones.



El daño ya estaba hecho.



Publicado en CHACO DIA POR DIA el 5 de febrero de 2014